Hoy, bajo amenaza y riesgo, hacemos nuestro trabajo: defensores de la libertad de expresión

(Cencos).- En el marco de la celebración por los 25 años de la fundación del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, organizaciones de la sociedad civil se dieron cita en el Centro Universitario Cultural (CUC) para reflexionar en torno a la libertad de expresión y a la labor de defensores y defensoras de derechos humanos en el Foro, La Contribución de la Sociedad Civil al Movimiento de los Derechos Humanos y la Democracia en México.

Hoy, bajo amenaza y riesgo hacemos nuestro trabajo: la ausencia de una respuesta efectiva para resolver esta problemática, estar frente a un claro desdén de las autoridades en todos los niveles de gobierno, el resquebrajamiento de los poderes y problemas serios de corrupción hacen que México sea hoy considerado como el segundo país, después de Irak, con mayor riesgo para ejercer la labor de informar y de defender los derechos humanos, en una situación comparable a la de Sudáfrica y Sudán, aseguró el director para México y Centroamérica de ARTICLE19, Darío Ramírez Salazar.

El director del organismo mencionó que a pesar de que en el pasado se vivieron “años de bonanza” respecto al diálogo entre organizaciones de la sociedad civil y gobierno, recientemente se ha retrocedido a un tiempo en el que ejercer el derecho de expresar libremente las ideas y defender los derechos humanos “es una tarea complicada y riesgosa, puesto que la labor no es reconocida por las autoridades, ni por ciertos sectores de la sociedad.”

En este sentido, cuestionó el papel de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que, sobre este tema, únicamente ha emitido una recomendación referente al caso del asesinato del periodista estadounidense Bradley Roland Will, y la recomendación número 17 donde se hace “una descripción general en la que se pueden hallar elementos para construir el contexto y dar una explicación, solamente”, afirmó.

Asimismo Ramírez Salazar señaló el papel “inútil” de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas (FEADP), una fiscalía que desde febrero de 2006 a noviembre de 2008 se declaró incompetente para conocer el 75 por ciento de casos de agresiones a periodistas, “eso demuestra una falta de voluntad política”.

Ramírez Salazar detalló que uno de los conflictos radica en que la FEADP no tiene una definición de periodista, “la sociedad civil ha luchado por ampliar el concepto a comunicador que incluye a blogueros, reporteros, documentalistas, etcétera. Es importante dejar en claro que los asesinatos o desapariciones se dan debido a su labor de informar y no en otro contexto como argumenta la PGR que descontextualiza el problema y dice que fue por corrupción o por falta de ética.”

Ramírez Salazar afirmó que la autocensura a la que se han visto orillados las y los periodistas representa un síntoma más no una salida real, convirtiendo también en víctima de este conflicto a la sociedad que se queda sin información.

Por su parte, Brisa Maya Solís, directora ejecutiva del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) indicó que las principales agresiones a periodistas se dan como desapariciones, asesinatos, además de agresiones físicas a las herramientas con los que trabajan los comunicadores y comunicadoras así como ataques a sus centros de transmisión.

Brisa Maya Solís mencionó que la postura del gobierno al respecto ha sido la de vincular todos estos atentados al crimen organizado en el contexto de violencia que actualmente se vive por la llamada “guerra contra el narco” emprendida desde inicios del sexenio por el gobierno federal, pero en las investigaciones que el Cencos realiza conjuntamente con Article19 se observa que estas agresiones se relacionan a la impunidad y a los vínculos entre autoridades en resguardo de sus propios intereses.

En las últimas dos décadas México se ha posicionado como uno de los países con mayor impunidad dado que el Estado no genera las condiciones adecuadas para que los periodistas ejerzan su derecho a la libre expresión de las ideas y puedan colaborar con el derecho a la información que tiene la sociedad. La directora del Cencos señaló que de acuerdo al trabajo de investigación realizado de manera conjunta, de inicios de 2009 a la fecha se han registrado 200 agresiones al ejercicio de la libertad de expresión de las y los periodistas, siendo Oaxaca el estado con mayor número de agresiones, así como también los estados de Chihuahua, Sinaloa, Guerrero, Chiapas y Distrito Federal.

Brisa Maya Solís también mencionó la censura que ha sufrido el sector académico por parte de rectores de universidades al no compartir los lineamientos en los planes de estudio y expresar sus ideas libremente.

Finalmente, Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria mencionó que “lo que duele” son aquellos periodistas que teniendo una conciencia clara de la información tienen que autocensurarse, “se castiga a los periodistas, pero también a la sociedad que tiene derecho de ser informada, en este contexto es importante hacer un uso de las nuevas tecnologías para mantener a todos enterados de la situación y tener más cercanía con los movimientos sociales”, afirmó.

En el foro, también participaron Carlos de la Torre, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Agnieszka Raczynska de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas y Victoria Beltrán Camacho, abogada del Centro de derechos humanos Fray Francisco Vitoria.

Centro Nacional de Comunicación Social