La verdad sobre Enrique Peña Nieto y su Visita a la universidad IBERO.

Primero es necesario ver como Andres Manuel es Recibido en las universidades y en la IBERO.

Universitarios con Andrés Manuel.

 

Andrés Manuel en la Universidad Iberoamericana

Video del programa En Contexto, de Telemundo 52, de Los Angeles, con el periodista Rubén Luengas, en el cual se reportó correctamente la protesta de estudiantes contra Enrique Peña Nieto en la Universidad Iberoamericana y se cuestionó cómo era posible que las encuestas le dieran 20 puntos de ventaja a Peña Nieto luego de esta manifestación.

Los estudiantes de la Ibero tienen memoria, protestan a EPN

Los Comentarios:  

En un evento en la universidad IBERO que desde que inicio mostró que no seria el magno y exitoso evento  que  tanto cacarearon los medios de  COMUNICACIÓN VENDIDOS y traidores , en que el candidato de los sin vergüenzas, vendé patrias del PRI intento comentar el asunto de ATENCO y Resaltó que utilizo la fuerza BRUTA – como buen represor imperialista de ultra derecha para arreglar el conflicto (en vez de utilizar el dialogo y la negociación) , con un tono altanero y orgulloso expuso y EXPLICO su BARBARIDAD Mientras que

Recordando a un amigo y mentor en el tema de la política; José Luis Gonzalez Meza.
Hay personas que me preguntan, de donde viene este Gusto por la Política y estar de “periquito” al respecto, al igual que de religión, y las causas sociales, siempre les respondo que un Día conocí a una persona que me pidió que le ayuda a trazar un cartel para colocarlo como cuadro en el zócalo para recolectar firmas para supuestamente mandar a la Cárcel a Carlos Salinas, yo acepte gustoso ayudar ( para mí era algo nuevo e interesante) Esa persona es José Luis Gonzalez Meza, el Autor del Libro “Un Asesino en la presidencia” El libro, en palabras de su propio autor, le costó tres golpizas, cuatro atentados de muerte y la necesidad de emigrar hacia Estados Unidos con todo y su familia.

Por invitación de él, me afilie al PRD hace 13 o 14 años (que por cierto no es un orgullo hoy por hoy, es mas bien una terrible verguenza) Afortunadamente ya existe Morena

Esto sucedió como por el 1996-1997 aproximadamente, no recuerdo muy bien, en algún lugar tengo que tener alguna foto y más información

José Luis Gonzalez me platicaba de muchos temas, SOBRE TODO DE POLITICA, CLARO y fueron un sin número de veces que me invito a comer a alguna fonda del Zócalo, en algunas ocasiones en compañía de Josué Matías Rivera o Riviera, no recuerdo muy bien su ultimo apellido, muy allegado a Porfirio Muñoz Ledo y otros políticos del PRD y a veces hasta con Andrés Manuel López Obrador.

Periodistas independientes y agrupados en sindicatos, así como otros trabajadores de los medios de comunicación invitamos a todos los colegas a participar en un acto de reclamo ante el Procuraduría General de la República (PGR) y posteriormente a constituirse en un frente nacional para defender nuestra profesión.

Fecha y Hora: jueves 10 de diciembre de 2009 a las 10:30 horas

Lugar: entrada principal de la Procuraduría General de Justicia (Av. Reforma 211) y después, a las 12:00 horas en el monumento a Francisco Zarco (Av. Hidalgo, esquina con Paseo de la Reforma, metro Hidalgo)

Contacto: Amalia Rivera, secretaria del Exterior del Sitrajor. Tel. 56 05 17 02 Cel. 044 55 34 v65 62 81


Hasta ahora el Estado ha sido incapaz de detener los crímenes contra periodistas y de garantizar el derecho a la vida y a la libertad de expresión contenidos en la Declaración Universal de los Derechos humanos, que cumple 61 años. Tan sólo en 2009, doce de nuestros colegas han sido asesinados, sin que uno solo de los autores haya sido castigado.

El mitin de protesta tendrá lugar el jueves 10 de diciembre, a las 10.30
horas en punto, en la entrada principal de la Procuraduría General de Justicia (Av. Reforma 211). Allí, de nueva cuenta exigiremos al Procurador General de la República que cumpla con su trabajo y realice acciones concretas y efectivas para evitar otro crimen contra el gremio de periodistas.

Más tarde, a las 12.00 horas en punto, nos concentraremos, para anunciar la creación de una red nacional en defensa del periodismo, en el monumento a Francisco Zarco (Av. Hidalgo, esquina con Paseo de la Reforma, metro Hidalgo). Contaremos, entre otros reconocidos periodistas, con la presencia del Lic. Miguel Ángel Granados Chapa


Más informes: Amalia Rivera, secretaria del Exterior del Sitrajor. Tel. 56 05 17 02 Cel. 044 55 34 v65 62 81

Son 72 opiniones emitidas por periodistas, sociedad civil, academia y especialistas compiladas en la entrega editorial que presentó la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (AMEDI) la noche de ayer en Casa Lamm. “Diversas, plurales, y en ocasiones contrastantes” fueron las respuestas que emitieron los participantes al responder a la cuestión y título del libro ¿Qué legislación hace falta para los medios de comunicación en México?, mismo que fue entregado a cada uno de los quinientos integrantes de la sexagésima legislatura para que pudieran estudiarlo, reflexionar, y “hacerse conscientes, a tiempo, acerca de los huecos y pendientes sobre el rumbo que tiene que tomar la legislación hacia una transformación democrática de los medios”, apuntó Beatriz Solís Leree, integrante del consejo directivo de AMEDI.

Durante la entrega se evidenció la necesidad de poner un freno legislativo a la estructura monopólica en los medios que obstaculizan la generación de contenidos amplios que incluyan derecho a la información, a la salud, a la educación, y a la cultura en los medios. Se abordó la necesidad de regular el tema de las campañas mediáticas a favor de personas que promueven su imagen política con recursos del erario público y la urgencia de romper la relación simbiótica entre los intereses políticos y los consorcios de medios, y que estos sean sometidos a un constante escrutinio público.

Al respecto José Antonio Crespo, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y quien hizo la aportación Descentralización de señales y medios de Estado recordó el episodio de la Ley televisa, y la carencia de una reglamentación que asegure la rendición de cuentas, además de la urgencia de que los medios sean un aparato de denuncia y no al contrario, “sirvan para tapar corruptelas que van en detrimento del interés colectivo y de la autonomía del Estado.”

En cuanto al gasto del erario público en anuncios y apariciones televisivas fuera de tiempos de campaña electoral por parte de algunos funcionarios públicos, Antonio Crespo recordó que el artículo 134 constitucional prohíbe que se utilicen fondos públicos para promover a personas, “se violenta el espíritu de la ley para promover propósitos personales, no me parece que el desempeño de Enrique Peña Nieto, por ejemplo, justifique su popularidad, sino el hecho de aparecer en gacetillas e inserciones pagadas; ahí, evidentemente se burla la ley y esto obedece a la ausencia de un reglamento.”

El profesor del CIDE afirmó la necesidad de romper con círculos viciosos entre los políticos y las televisoras, “es un instrumento de chantaje extraordinario, los partidos dependen de las televisoras y por ello no hacen reformas a la ley, técnicamente existe la solución pero políticamente no, porque no existe voluntad para hacerlo, será muy difícil si no van los partidos juntos. Pero nadie sede un milímetro de sus intereses particulares para dar lugar a una transición de fondo, los consorcios mediáticos son poderes fácticos”, advirtió Antonio Crespo.

Por su parte, Javier Corral, presidente de la Comisión de Gobernación del Senado de la República, afirmó que la actual legislatura cuenta con más legisladores que nunca a favor de de impulsar estas reformas, “muchos no saben que significan los términos técnicos cuando se habla sobre medios, ni de espectro radioeléctrico, ni de bandas anchas, pero muchos tienen la percepción de que las determinaciones que se han tomado en materia de medios, han sido inconstitucionales, este es el ambiente real en el que se recibe este libro, pero le hace falta al Congreso un impulso social organizado, y AMEDI es un gran instrumento para ello. Con todo y todo la reforma va a salir en los próximos años, sería suicida que se quisieran repetir los procesos electorales pasados y que se reviertan los poderes mediáticos por los poderes del Estado sería llegar a un nivel de tensión social muy peligroso”, señaló el también exdirector de AMEDI.

Durante la presentación Fátima Fernández Christlieb, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México, y quien participó en el libro con la ponencia Réplica, derecho sin reglamentar, aseguró que se abre un nuevo ciclo en la historia de la difusión de medios en México que viene acompañado de la sociedad civil y aseguró que el libro goza de un lenguaje claro y de síntesis y que “más que técnico, es político porque está dirigido a la ciudadanía, a los estudiantes y a los propios medios de comunicación no solo a legisladores o públicos especializados”, aseguró.

Respecto al camino que tomará la legislación en materia de medios, Fernández Christlieb afirmó que desde el poder del Estado se puede romper el “círculo vicioso” pero con el apoyo de la sociedad “en una forma contundente de participación como esta entrega, que no es un mamotreto incomprensible”.

Como dijo Antonio Castro Leal en 1966, continúa la profesora- ‘el pueblo de México espera’, pero no espera en silencio cruzado de brazos, por eso AMEDI, entrega este libro a tiempo para que los legisladores estudien y para que la sociedad continué despertando” sostuvo al finalizar su participación.

Centro Nacional de Comunicación Social

(Cencos).- En el marco de la celebración por los 25 años de la fundación del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, organizaciones de la sociedad civil se dieron cita en el Centro Universitario Cultural (CUC) para reflexionar en torno a la libertad de expresión y a la labor de defensores y defensoras de derechos humanos en el Foro, La Contribución de la Sociedad Civil al Movimiento de los Derechos Humanos y la Democracia en México.

Hoy, bajo amenaza y riesgo hacemos nuestro trabajo: la ausencia de una respuesta efectiva para resolver esta problemática, estar frente a un claro desdén de las autoridades en todos los niveles de gobierno, el resquebrajamiento de los poderes y problemas serios de corrupción hacen que México sea hoy considerado como el segundo país, después de Irak, con mayor riesgo para ejercer la labor de informar y de defender los derechos humanos, en una situación comparable a la de Sudáfrica y Sudán, aseguró el director para México y Centroamérica de ARTICLE19, Darío Ramírez Salazar.

El director del organismo mencionó que a pesar de que en el pasado se vivieron “años de bonanza” respecto al diálogo entre organizaciones de la sociedad civil y gobierno, recientemente se ha retrocedido a un tiempo en el que ejercer el derecho de expresar libremente las ideas y defender los derechos humanos “es una tarea complicada y riesgosa, puesto que la labor no es reconocida por las autoridades, ni por ciertos sectores de la sociedad.”

En este sentido, cuestionó el papel de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que, sobre este tema, únicamente ha emitido una recomendación referente al caso del asesinato del periodista estadounidense Bradley Roland Will, y la recomendación número 17 donde se hace “una descripción general en la que se pueden hallar elementos para construir el contexto y dar una explicación, solamente”, afirmó.

Asimismo Ramírez Salazar señaló el papel “inútil” de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas (FEADP), una fiscalía que desde febrero de 2006 a noviembre de 2008 se declaró incompetente para conocer el 75 por ciento de casos de agresiones a periodistas, “eso demuestra una falta de voluntad política”.

Ramírez Salazar detalló que uno de los conflictos radica en que la FEADP no tiene una definición de periodista, “la sociedad civil ha luchado por ampliar el concepto a comunicador que incluye a blogueros, reporteros, documentalistas, etcétera. Es importante dejar en claro que los asesinatos o desapariciones se dan debido a su labor de informar y no en otro contexto como argumenta la PGR que descontextualiza el problema y dice que fue por corrupción o por falta de ética.”

Ramírez Salazar afirmó que la autocensura a la que se han visto orillados las y los periodistas representa un síntoma más no una salida real, convirtiendo también en víctima de este conflicto a la sociedad que se queda sin información.

Por su parte, Brisa Maya Solís, directora ejecutiva del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) indicó que las principales agresiones a periodistas se dan como desapariciones, asesinatos, además de agresiones físicas a las herramientas con los que trabajan los comunicadores y comunicadoras así como ataques a sus centros de transmisión.

Brisa Maya Solís mencionó que la postura del gobierno al respecto ha sido la de vincular todos estos atentados al crimen organizado en el contexto de violencia que actualmente se vive por la llamada “guerra contra el narco” emprendida desde inicios del sexenio por el gobierno federal, pero en las investigaciones que el Cencos realiza conjuntamente con Article19 se observa que estas agresiones se relacionan a la impunidad y a los vínculos entre autoridades en resguardo de sus propios intereses.

En las últimas dos décadas México se ha posicionado como uno de los países con mayor impunidad dado que el Estado no genera las condiciones adecuadas para que los periodistas ejerzan su derecho a la libre expresión de las ideas y puedan colaborar con el derecho a la información que tiene la sociedad. La directora del Cencos señaló que de acuerdo al trabajo de investigación realizado de manera conjunta, de inicios de 2009 a la fecha se han registrado 200 agresiones al ejercicio de la libertad de expresión de las y los periodistas, siendo Oaxaca el estado con mayor número de agresiones, así como también los estados de Chihuahua, Sinaloa, Guerrero, Chiapas y Distrito Federal.

Brisa Maya Solís también mencionó la censura que ha sufrido el sector académico por parte de rectores de universidades al no compartir los lineamientos en los planes de estudio y expresar sus ideas libremente.

Finalmente, Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria mencionó que “lo que duele” son aquellos periodistas que teniendo una conciencia clara de la información tienen que autocensurarse, “se castiga a los periodistas, pero también a la sociedad que tiene derecho de ser informada, en este contexto es importante hacer un uso de las nuevas tecnologías para mantener a todos enterados de la situación y tener más cercanía con los movimientos sociales”, afirmó.

En el foro, también participaron Carlos de la Torre, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Agnieszka Raczynska de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas y Victoria Beltrán Camacho, abogada del Centro de derechos humanos Fray Francisco Vitoria.

Centro Nacional de Comunicación Social

• Por primera vez en su historia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una Recomendación contra el gobierno federal por el veto publicitario a un medio de comunicación como represalia a su línea editorial
• Violaron Pemex y Poder Judicial derechos humanos de los periodistas de la revista Contralínea

(Contralínea).-La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una inédita recomendación que alude el acoso judicial contra un medio de comunicación como una forma de judicializar la libertad de expresión y el veto publicitario del gobierno federal como un método de castigo a los medios de comunicación por su línea editorial.

En la recomendación 57/2009, “Sobre el caso de los señores Agustín Miguel Badillo Cruz, Ana Lilia Pérez Mendoza e integrantes de la revista Contralínea”, dirigida al magistrado Celso Rodríguez González, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, y Juan José Suárez Coppel, director general de Petróleos Mexicanos, la CNDH acredita que el Poder Judicial y el Ejecutivo, a través de Petróleos Mexicanos (Pemex), violaron en perjuicio de los periodistas de la revista Contralínea los siguientes derechos:

“Los derechos humanos a la igualdad y a la libertad de expresión, previstos en los artículos 1°, párrafo tercero; 6°, párrafo primero; 7°, párrafo primero; y 134, párrafos primero, séptimo y noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2.1, 26, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 2.2, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 1, 2.1,2.2 y 7, de la Declaración Universal de Derechos Humanos. De igual manera, lo previsto por el artículo 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como por el principio 5 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión como instrumento de interpretación del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que señala que no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, ni por cualquier medio encaminado a impedir la comunicación y circulación de ideas y opiniones, que los inhiba a difundir sus ideas o informaciones”.

El 12 de septiembre de 2008, los periodistas de Contralínea presentaron un escrito de queja ante la CNDH por las violaciones a derechos humanos cometidas en su agravio y del personal de la empresa que edita las revistas Contralínea y Fortuna, Negocios y Finanzas, en la que denuncian que de noviembre de 2004 a agosto de 2008 realizaron investigaciones y publicaciones periodísticas que involucran en irregularidades en la asignación de millonarios contratos a funcionarios de alto nivel del sector energético y la Presidencia de la República, y contratistas de Petróleos Mexicanos.

Con motivo de la publicación del trabajo periodístico, comenzaron a recibir amenazas y acoso por parte de funcionarios de Petróleos Mexicanos y de los directivos y abogados de empresas del Grupo Zeta, involucradas en algunos de los reportajes publicados, consorcio de gas licuado de petróleo presidido por Jesús Alonso Zaragoza López, quien amenazó a los periodistas con presentar 80 demandas en su contra, una por cada una de sus empresas.

Así, Zaragoza López demandó a los periodistas ante el Juzgado Cuadragésimo Cuarto de lo Civil del Distrito Federal, expediente 757/2007; el Juzgado Décimo Tercero de lo Civil de Guadalajara, Jalisco, expediente 905/2007; el Juzgado Quinto de lo Civil de Guadalajara, Jalisco, expediente 383/2008; el Juzgado Décimo Tercero de lo Civil de Guadalajara, Jalisco, 393/2008, en todos por supuesto daño moral.

Con motivo de dichas demandas judiciales, el pasado 16 de enero el periodista Miguel Badillo fue arrestado por orden del Juez Décimo Tercero de lo Civil de Guadalajara, Jalisco. Posteriormente, emitió una orden judicial para acceder el 1 de febrero de 2009, a los archivos de la revista Contralínea.

A raíz de la revelación en Contralínea –el 15 de febrero de 2008– de los contratos que firmó Juan Camilo Mouriño con Pemex, en su dualidad de funcionario público y contratista de gobierno, el 17 de abril de 2008, el gerente de Comunicación Social de Pemex, Carlos Ramírez Fuentes, amenazó a la periodista Ana Lilia Pérez de que no permitiría que los funcionarios de Pemex otorgaran entrevistas a la revista y que por su línea editorial la paraestatal no le contrataría publicidad.

En resolución al expediente de la queja número CNDH/5/2008/4462/Q, el pasado 14 de septiembre, la CNDH resolvió: “Esta Comisión Nacional acreditó que fueron vulnerados los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, a la igualdad y a la libertad de expresión, en agravio de Ana Lilia Pérez Mendoza, Miguel Badillo e integrantes de la revista Contralínea”.

La judicialización de la libertad de expresión

En su recomendación, la CNDH acreditó que el Poder Judicial de Guadalajara incurrió en una serie de hechos irregulares en beneficio de Jesús Zaragoza y el Grupo Zeta, tales como el acreditar la existencia de un tercer denunciado (Abraham Rodríguez Ortega) para radicar la demanda contra los periodistas en Guadalajara, donde acreditó la supuesta notificación de Miguel Badillo y Ana Lilia Pérez con documentos apócrifos para después llevar el juicio “en rebeldía”. Sentenció a los periodistas sin que ellos tuvieran conocimiento siquiera de que había una demanda y un juicio en su contra y, posteriormente, ordenó el arresto de los periodistas consumándose en la detención de Badillo, quien fue recluido en el Centro de Sanciones Administrativas del Distrito Federal (El torito).

La CNDH documentó que en su resolución el juez introdujo cuestiones ajenas a la litis en agravio de los periodistas, para reclamarles prestaciones que ni el mismo Zaragoza planteó.

La CNDH señala: “Se acreditó que el juzgador violó en perjuicio de los codemandados lo previsto en el artículo 87 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, que señala que las sentencias deberán ser congruentes con las pretensiones deducidas oportunamente, condenando o absolviendo al demandado.

“Este mismo criterio es compartido por el Juez Décimo Tercero de lo Civil quien, al rendir el informe correspondiente a esta Comisión Nacional, señaló que en el procedimiento civil resulta aplicable el principio de congruencia y petición de parte, lo que no aconteció en el presente caso, toda vez que en la sentencia definitiva no se hizo ninguna valoración o razonamiento de índole jurisdiccional por el cual se ordenó condenar a los codemandados Agustín Miguel Badillo Cruz, Ana Lilia Pérez Mendoza a cumplir una prestación que nos les fue demandada”.

Por ello, la CNDH acreditó “que dichas irregularidades adjetivas vulneran las garantías a la legalidad y seguridad jurídica que debe revestir el procedimiento judicial civil instaurado en contra de los demandados Agustín Miguel Badillo Cruz, Ana Lilia Pérez Mendoza”.

Respecto de las irregularidades administrativas en los juicio presentados por el contratista de Pemex, Jesús Alonso Zaragoza López, en su recomendación, la CNDH destaca: “Esta Comisión Nacional acreditó que los agraviados fueron objeto de violaciones a sus derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, consagrados en los artículos 14, párrafo segundo y 16, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y que se transgredieron los artículos 14.1 y 26 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que imponen la obligación al Estado mexicano de respetar el derecho al debido proceso, a la legalidad y a la seguridad jurídica”

Aunado a las irregularidades administrativas, refiere: “Respecto del acoso judicial manifestado por los quejosos, se advierte también que, con relación al expediente 393/2008 de medios preparatorios a juicio radicado ante el Juez Décimo Tercero de lo Civil en Guadalajara, Jalisco, promovidos por Thermogas, S.A. de C.V., en contra de Corporativo Internacional de Medios de Comunicación, S.A. de C.V., en el que se decretó llevar a cabo una revisión a la contabilidad de la empresa editorial, esta Comisión Nacional advierte que carece del emplazamiento correspondiente por parte de la autoridad judicial a la citada empresa editorial, lo cual fue observado por el Juez Cuarto de Distrito en materia Civil en el Distrito Federal, en el juicio de amparo 604/2008, en el que determinó conceder el amparo y protección de la justicia federal a Corporativo Internacional de Medios de Comunicación, S.A. de C.V., por lo que ordenó dejar insubsistente todo lo actuado, ya que no se respetó la garantía de audiencia a favor de la empresa en contra de la cual iban dirigidos los medios preparatorios a juicio”.

Dentro de sus indagatorias, la CNDH documentó que posterior a la demanda de Guadalajara, la familia Zaragoza presentó nuevas demandas contra los periodistas en otras entidades. Una de ellas es la que se promovió contra Badillo –juicio ordinario civil 348/2009– ante el Juzgado Tercero de lo Civil en Mazatlán, Sinaloa, el cual se encuentra en trámite, y en el que se solicita la reparación de daño moral e indemnización, entre otras, por la publicación de una fotografía de Miguel Zaragoza Fuentes.

En este sentido, destaca el organismo de derechos humanos: “No pasa inadvertido para esta Comisión Nacional que las diversas demandas promovidas por particulares y empresas ligadas a un mismo grupo empresarial y aceptadas por distintas instancias judiciales, aunado a las irregularidades administrativas detectadas, pueden constituir un medio indirecto para coartar la libertad de expresión, como consecuencia del trabajo periodístico de los quejosos. Lo anterior cobra relevancia ante las amenazas señaladas por los quejosos, emitidas por parte de los abogados de las empresas demandantes en contra de Agustín Miguel Badillo Cruz y Ana Lilia Pérez Mendoza, en el sentido de que promoverían hasta 80 demandas, una por cada una de las empresa del corporativo “Grupo Zeta”, lo cual fortalece la convicción de este organismo nacional respecto de la presión que se está ejerciendo en contra de los agraviados”.

En este sentido, refiere la CNDH, “en la declaración conjunta emitida por el Relator Especial para la Libertad de Opinión y Expresión de la Organización de Naciones Unidas, el Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa y el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos de fecha 18 de diciembre de 2003, señalaron que ‘los trabajadores de los medios de comunicación que investigan casos de corrupción o actuaciones indebidas no deben ser blanco de acoso judicial u otro tipo de hostigamiento como represalia por su trabajo”.

Por ello, la CNDH resolvió que “el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Jalisco, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 136 y 148, fracción XXXII de la Ley Orgánica de Poder Judicial del Estado de Jalisco, lleve a cabo una investigación respecto de la tramitación del expediente 905/2007, relativo al juicio civil promovido por Multigas, S.A. de C.V. en contra de Corporativo Internacional de Medios de Comunicación, S.A. de C.V., Agustín Miguel Badillo Cruz y Ana Lilia Pérez Mendoza (…) radicado ante el Juzgado Décimo Tercero de lo Civil de Guadalajara, Jalisco, y en su caso, se emitan las medidas disciplinarias que correspondan”.

Discrecionalidad en asignación de publicidad

El uso direccional que hace el Poder Ejecutivo de las partidas presupuestales destinadas a la publicidad como método de premio o castigo para los medios de comunicación por su línea editorial es por primera vez motivo de una recomendación de la CNDH, ya que constituye una violación a los convenios internacionales en materia de derechos humanos y de libertad de expresión.

En su Recomendación 57/2009, la CNDH acreditó que el gobierno de Felipe Calderón, a través de Petróleos Mexicanos, vetó a la revista Contralínea como castigo por ventilar supuestos actos irregulares y asuntos de corrupción que involucran a funcionarios de alto nivel de su gobierno (incluido el fallecido Juan Camilo Mouriño; el hoy presidente nacional del PAN, José César Nava Vázquez, y el mismo Felipe Calderón).

Al respecto, “del análisis lógico jurídico realizado al conjunto de evidencias que integran el expediente de queja, con relación a los agravios atribuibles a funcionarios de Petróleos Mexicanos, esta Comisión Nacional acreditó violaciones a los derechos humanos a la legalidad, a la igualdad, seguridad jurídica y a la libertad de expresión, en agravio de los señores Miguel Badillo Cruz, Ana Lilia Pérez Mendoza y periodistas de la revista Contralínea”.

La CNDH detalla que derivado de la queja presentada por Contralínea, el gerente Corporativo de Comunicación Social de Pemex, Carlos Ramírez Fuentes, rindió un informe, en el cual, dice la CNDH, “fue posible acreditar que Petróleos Mexicanos no cuenta con procedimientos y criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios para la contratación de publicidad oficial”.

Detalla que “del análisis realizado a los informes rendidos por la paraestatal a esta Comisión Nacional, no se desprenden otros elementos o criterios objetivos y definidos que justifiquen la suspensión en la contratación de la publicidad oficial con la revista Contralínea. De hecho, de la información obtenida se observa que la contratación de publicidad en los últimos 2 años otorgada a diversas revistas cuyo perfil de lectores es parecido al de Contralínea, de acuerdo con los datos públicos del Padrón Nacional de Medios Impresos Certificados de la Secretaría de Gobernación, no ha disminuido.

“En este sentido, en la información proporcionada a esta Comisión Nacional, no se deduce que la suspensión en la contratación de publicidad oficial a la revista Contralínea tenga como justificación legal una disminución general en la contratación de publicidad a todos los medios de comunicación con un formato similar al de la revista Contralínea, o que dicha suspensión obedezca a la observancia de otros criterios como serían los de cobertura, circulación o periodicidad”.

Por ello, dictaminó la CNDH, “se desprende que la suspensión en la contratación de publicidad con la revista Contralínea puede ser consecuencia de su línea editorial, si se considera, como ha quedado acreditado ante esta Comisión Nacional, a partir de las evidencias e información que se allegó, que dicha suspensión no se genera a partir de algún impedimento legal o característica específica de la publicación, como podría ser el perfil de audiencia, la cobertura geográfica, el tiraje o circulación de la revista, o de una reducción en general de la contratación de publicidad por parte de la paraestatal con revistas similares”.

Así que, “sí es posible acreditar plenamente la falta de procedimientos y criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios por parte de Petróleos Mexicanos en la contratación de publicidad oficial, lo que puede alentar a sus funcionarios a utilizar discrecionalmente los recursos públicos dirigidos a la comunicación social de la paraestatal para premiar o castigar a los medios de comunicación por su línea editorial, lo cual vulnera los derechos a la igualdad, a la seguridad jurídica y por supuesto a la libertad de expresión en agravio de los periodistas y directivos de los medios de comunicación, en este caso de la revista Contralínea”.

Por primera vez, la CNDH habla de la falta de regulación en materia de contratación de publicidad del gobierno federal. No existen, dice “procedimientos y criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios para la contratación de la publicidad oficial, que puedan garantizar la igualdad de oportunidades entre los diversos medios que buscan contratarla, entre ellos la revista Contralínea”.

Lo anterior, advierte, “deja abierta la posibilidad de incurrir en prácticas discrecionales afectando no sólo al pluralismo informativo y el debate público, elementos ambos esenciales de una sociedad democrática, sino también vulnerando el derecho a la igualdad si se considera que ante supuestos de hecho iguales se aplican consecuencias jurídicas desiguales, sin que exista, por lo menos en el caso que nos ocupa, una suficiente justificación legal que acredite tal diferencia, como ha quedado acreditado en este documento”.

Analiza además que ello implica la no observancia a los acuerdos internacionales en materia de Libertad de Expresión signados por el Estado mexicano. Refiere incluso los señalamientos que a este respecto ha hecho la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en su informe anual de 2003 señala el veto publicitario como una forma de coartar la libertad de expresión:

“El asesinato de periodistas investigadores, el cierre de un periódico por el Estado, expresiones de violencia contra periodistas por parte de las fuerzas de seguridad o la negativa a permitir que salgan al aire ciertos programas de televisión, son todos ejemplos elocuentes de violaciones directas del derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, detrás de estas violaciones flagrantes, existen formas indirectas más sutiles y a veces más efectivas por las que el Estado coarta la libertad de expresión. Debido a que estas violaciones indirectas son con frecuencia obstrucciones oscuras, impuestas silenciosamente, no dan lugar a investigaciones ni merecen una censura generalizada, como ocurre con otras violaciones más directas.”

En su recomendación 57/2009 contra Petróleos Mexicanos, la CNDH enuncia “que los derechos consagrados por los instrumentos internacionales de derechos humanos establecen como criterio indiscutible la no-discriminación y, en ese sentido, resultaría una forma indirecta de coartar la libertad de expresión cualquier medida que discrimine a un medio de comunicación de recibir publicidad oficial a causa de su línea editorial o crítica hacia la administración pública”.

Asimismo, que “el Principio 13 de la Declaración de Principios Sobre Libertad de Expresión, que funge como criterio de interpretación de la Convención Americana, señala que la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial con el objeto de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales en función de sus líneas informativas atenta contra la libertad de expresión y debe ser prohibida por ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente, siendo el rol principal del Estado facilitar el más amplio, plural y libre debate de ideas, y que cualquier interferencia que implique restringir la libre circulación de ideas debe estar expresamente prohibida por la ley, por lo que presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión”.

La falta de estos criterios en la contratación de publicidad, dice la CNDH, “puede generar incertidumbre jurídica en los medios que buscan contratarla, en este caso la revista Contralínea, vulnerando con esto la prerrogativa que tiene todo ser humano a vivir dentro de un Estado de Derecho, bajo la vigencia de un sistema jurídico normativo coherente y permanente, dotado de certeza y estabilidad, y que defina los límites del poder público frente a los titulares de los derechos subjetivos”.

En resolución a la queja presentada por los periodistas de Contralínea, concluyó que “la falta de procedimientos y criterios claros, objetivos, transparentes y no discriminatorios por parte de Petróleos Mexicanos para la contratación de publicidad oficial, deja abierta la posibilidad de incurrir en prácticas discrecionales para la distribución de recursos públicos con el objeto de premiar o castigar a los medios según su línea editorial, lo que afecta no sólo al pluralismo informativo y el debate público, ambos elementos esenciales de una sociedad democrática, sino también se violan los derechos humanos a la igualdad, seguridad jurídica y a la libertad de expresión”.

Determinó que los funcionarios de Pemex violaron “los artículos 134, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que impone la obligación a todos los servidores públicos de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad; 7 y 8, fracciones I y XXIV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; así como las demás disposiciones legales analizadas en el presente capítulo, con lo que se violó, en agravio de los periodistas de la revista Contralínea, los derechos humanos a la legalidad y a la seguridad jurídica, derechos previstos en los artículos 14, párrafo segundo y 16, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14.1, 17.1, 17.2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el 8.1, 11.1, 11.2, 11.3 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

Así mismo, “se violaron en perjuicio de los periodistas de la revista Contralínea los derechos humanos a la igualdad y a la libertad de expresión, previstos en los artículos 1°, párrafo tercero, 6°, párrafo primero, 7°, párrafo primero, y 134, párrafos primero, séptimo y noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2.1, 26, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 2.2, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 1, 2.1,2.2 y 7, de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

“De igual manera, lo previsto por el artículo 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como por el principio 5 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión como instrumento de interpretación del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que señala que no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, ni por cualquier medio encaminado a impedir la comunicación y circulación de ideas y opiniones, que los inhiba a difundir sus ideas o informaciones”.

La CNDH resolvió que Juan José Suárez Coppel deberá instruir a que la paraestatal “cuente con procedimientos y criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios, en el otorgamiento y distribución de publicidad oficial a favor de los distintos medios de comunicación, tanto electrónicos como impresos”.

La CNDH resolvió que en el ámbito de sus atribuciones, las autoridades y dependencias administrativas deberán investigar los agravios en contra de los periodistas para aplicar las sanciones conducentes y subsanar las irregularidades. Instó también a que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial ponga en práctica las medidas necesarias “para evitar que en el ejercicio de un derecho pueda generarse un medio indirecto, como podría ser el acoso judicial, para atentar contra la libertad de expresión”.

México D.F., 27 de agosto de 2009 (Miguel Carbonell / El Universal).- En México ejercer el periodismo es peligroso. Muy peligroso. La CNDH acaba de emitir una recomendación general en la que se documentan con gran detalle y acuciosidad las violaciones a la integridad física y a la vida de periodistas mexicanos en los últimos años. El problema es tan grave que en la propia comisión existe un área que se dedica específicamente al tema de los agravios a periodistas. En dicha área se han abierto 487 expedientes en los últimos nueve años, es decir, 54 al año.

En ese mismo periodo se ha documentado la muerte de 50 periodistas o trabajadores de medios de comunicación, los cuales fueron asesinados —presuntamente— por razón de su trabajo. Entre 2000 y 2009 se registró la desaparición de siete periodistas, así como seis atentados con explosivos contra instalaciones de periódicos. Las entidades más peligrosas para ejercer el periodismo son Tamaulipas, Chihuahua, Veracruz, Guerrero, Michoacán y Oaxaca.

Por si lo anterior fuera poco, hay que considerar la alta tasa de impunidad que prevalece en esos casos, debido sobre todo a la falta de pericia de los órganos encargados de realizar la investigación correspondiente. Solamente en 27% de los casos las procuradurías competentes fueron capaces de consignar las averiguaciones previas ante un juez, pero solamente en 12% se obtuvieron sentencias condenatorias. De hecho, incluso esas cifras tan pobres deben ser tomadas con cierta precaución, pues con toda seguridad muchos delitos cometidos contra periodistas nunca llegan a ser denunciados.

La CNDH ha detectado que al integrar las averiguaciones previas las procuradurías dejan pasar largos periodos sin hacer ningún tipo de actuación. Hay expedientes que permanecen inactivos por más de un año.

Las procuradurías son incapaces de recabar testimonios, desahogar peritajes, agotar líneas de investigación, etcétera. La PGR no ha ofrecido resultados mucho mejores que los que se observan en las instancias estatales; si bien es cierto que fue creada una fiscalía especial en el tema, sus resultados han sido deplorables: entre febrero de 2006 (cuando se crea la fiscalía) y noviembre de 2008 solamente fue capaz de consignar ante un juez tres expedientes, es decir, tiene un promedio de una consignación al año.

No es algo que sea excepcional en el ámbito de la procuración de justicia. De hecho, la regla general es que nunca se pueda dar con los culpables de los delitos porque no hay una investigación científica y seria por parte de las autoridades competentes. Basta ver el clamoroso ejemplo de las más de 6 mil ejecuciones acontecidas durante 2008: ¿en cuántos casos se pudo ubicar al culpable, detenerlo y sentenciarlo? Aun cuando se trata del gravísimo delito de homicidio la impunidad parece ser la regla general.

Sin embargo, el caso de los agravios contra periodistas es en alguna medida diferente al resto, ya que lo que se intenta en esos casos es acallar su voz, ya sea por parte de personas que trabajan en agencias gubernamentales o por parte de la criminalidad organizada. Y eso es muy grave no solamente para los periodistas, sino para la sociedad en su conjunto. Es una forma de cercenar nuestro derecho a estar informados y a quitarnos la libertad de expresión.

Las amenazas a periodistas o su eliminación física nos pone a todos en peligro, pues es probable que de esa forma se oculten muchos otros delitos o simplemente se excluyan temas importantes de la discusión nacional. A lo mejor dentro de poco tiempo ya no se podrá informar sobre actividades relacionadas con el crimen organizado o sobre delitos cometidos por funcionarios públicos poderosos.

Por eso es que hay que exigir a las autoridades que atiendan la recomendación general de la CNDH: porque si callan a nuestros periodistas nos estarán callando a todos. Y eso, en una democracia, no se vale.

www.miguelcarbonell.com

Investigador del IIJ-UNAM